¿Galimatías-confusión jurídico-terminológica? Es necesaria una respuesta a la extraordinaria movilización popular en Catalunya

 Las peripecias parlamentarias del Govern Puigdemont, sobre todo tras la sesión de ayer, podrían parecer una mala ópera bufa si no fuera por la extraordinaria movilización de la ciudadanía de Catalunya que ha arrastrado. Lo que sí es evidente es la irresponsabilidad e incompetencia de los dirigentes políticos y sociales del independentismo catalán. No sólo, no tanto, en el confuso malabarismo del 10 de octubre, sino desde el inicio del “procés”.

Y también la irresponsabilidad, y permanente provocación, desde el Gobierno de España, del gobierno del PP. Desde su oposición al Estatut de Catalunya de 2006, recortado luego por el Tribunal Constitucional, hasta su persecución del 1-O culminada con las agresiones policiales.

¿Cuál es la peor de las incompetencias, de las irresponsabilidades? ¿La del Gobierno del PP, o la del Govern de “Junts pel SÍ”-CUP? Tanto monta, monta tanto.

Por otra parte entiendo que no es éste el principal problema. En mi opinión lo más grave es la, todavía pendiente, respuesta eficaz a la extraordinaria movilización popular que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años.

¿Cuál es el proceso para dar esta necesaria respuesta? ¿Diálogo-negociación del Govern catalán con el Gobierno español? ¿De Rajoy con Puigdemont? No parece que sepan sobre qué han de dialogar-negociar, ni que realmente quieran.

Pero sí puede, debería, resolverlo la ciudadanía de Catalunya para determinar su relación con el Estado español. Con una convocatoria a la que nos sintamos todos los catalanes llamados, en igualdad de condiciones, con plenas garantías democráticas (pregunta, administración electoral, campaña, censo, recuento, …). Estas garantías no se dieron el 1-O, que constituyó una extraordinaria movilización, pero que no fue ni una consulta ni un referéndum.

No parece posible en el marco de la Constitución, nuestra Constitución democrática, un “referéndum de autodeterminación”. Pero no es imposible organizar una efectiva consulta para conocer la voluntad del pueblo de Catalunya, con el previo compromiso político de asumir su pronunciamiento y de desarrollar el diálogo-negociación para su aplicación, incluyendo las reformas legales que de la misma pudieran resultar.

Ni el Gobierno de Rajoy ni el Govern de Puigdemont parecen estar en condiciones de desarrollarlo, pero ello no debería ser un impedimento. Las urgencias ahí no valen. Lo que vale es desarrollar un proyecto político profundamente democrático en Catalunya y en toda España, con otros gobiernos, que incluya tal consulta y en el que sumen y coordinen sus fuerzas independentistas y no independentistas.

Y, a la vez, no se nos olvide, situar de nuevo en la agenda política y social los graves problemas de fondo pendientes, aparentemente olvidados en este momento, de necesario avance en los derechos políticos, pero también sociales, económicos, de condiciones de  condiciones de vida y de trabajo.

Algunos, creo que muchos, lo queremos hacer con la clase trabajadora del conjunto de España, con las organizaciones sociales y políticas de progreso del conjunto del Estado español, porque nuestros problemas y nuestras reivindicaciones están estrechamente interrelacionadas, porque nos sentimos implicados en una larga historia común.