La
reivindicación de una intervención sindical en la práctica empresarial de
Responsabilidad Social ha sido una constante desde que se convirtió en política
empresarial la preocupación por la reputación de la empresa, de su marca y sus
productos, por el miedo a perderla. Afirmar tal reivindicación no significa sin
embargo por mi parte olvidar las también muy amplias reticencias sindicales
ante esa iniciativa. Durante una etapa, a comienzos de este siglo, tales
reticencias y su contestación impregnaron un debate, a veces más de palabras
que de conceptos, menos del examen de concretas experiencias sindicales, y que
tuvo sus ecos también en el mundo académico, alimentado por la especulación
sobre la pureza de las intenciones empresariales al respecto, más allá del
análisis de su ejecución por parte de las personas que las aplican con un rigor
bastante desigual.
Aunque de todo
ello quedan secuelas en estos momentos, entiendo que hemos entrado en una nueva
etapa cuyo comienzo situaría en la
tragedia de Rana Plaza, en Bangladesh, calificada justamente de “homicidio
industrial”, con el el 24 de abril de
2013 del edificio en el que se amontonaban varias fábricas textiles encima de
un supermercado y que al hundirse ocasionó la muerte entre sus escombros de 1.134
trabajadores, heridas a más de 2.000 y la destrucción del puesto de trabajo de
varios miles.
En pocas
semanas se concluyó un acuerdo de algunas marcas mundiales de la industria de
la moda con las organizaciones sindicales del mismo ámbito en la industria y
los servicios, IndustriALL Global Union y UNI. Un acuerdo al que fueron adhiriéndose
otras empresas multinacionales hasta alcanzar las 192[1] que
hoy figuran como signatarias del mismo. Se
alcanzó también un Acuerdo constituyendo un Fondo de Solidaridad para
indemnizar a las víctimas y que no ha logrado reunir más que 19,4 millones de
USD (dólares de EEUU), aportados por multinacionales que compran en el país
(directamente vinculadas unas a las fábricas siniestradas y otras sin tal
vinculación) y algunas instituciones de gobiernos europeos, cuando se precisan
unos 40 millones según cálculos basados en el Convenio 121 de la OIT.
Con todas las
insuficiencias a superar de ambos acuerdos, más evidentes en el de la
financiación de las indemnizaciones a las víctimas, este proceso supone una
realidad absolutamente nueva y esperanzadoramente positiva en el ámbito de la Responsabilidad
Social Empresarial, tanto por sus contenidos como por el protagonismo
empresarial-sindical acordado.
En esta nueva etapa el tema de la intervención
sindical ha dejado ya de ser solamente una reivindicación más o menos
generalizada para convertirse en algunos casos en una experiencia evaluable de
la que pueden, deben, resultar nuevas iniciativas autónomas y concertadas, tanto
por parte empresarial como por parte del sindicalismo organizado. A ello voy a
referirme en estas páginas.
El trabajo completo, correspondiente a mi intervención en el seminario organizado en Madrid los días 16 y 17 de octubre en el Consejo Económico y Social por la Fundaciones 1º de Mayo de CCOO y Friedrich Ebert Stiftung, y el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, se encuentra en:
RSE - Una nueva etapa - La intervención sindical
[1]
De cuya relación (bangladeshaccord.org) cabe
destacar positivamente que hay 61 marcas de Alemania, 23 de Holanda y 21 de
Reino Unido, y negativamente que sólo hay 4 de las numerosas marcas de la moda italiana.
De las españolas hay 6, Inditex, Mango, El Corte Inglés, Mayoral, SAU y Padma
Textiles, lo que indica que faltan algunas importantes.
