lunes, 6 de julio de 2020

IEMENS-GAMESA 2020, otra multinacional que quiere cerrar una fábrica en España. Nuevo reto al sindicalismo, nacional y transnacional

Isidor Boix

Ya van tres en un mes”, así comienza el comunicado de CCOO-Industria del pasado 1 de julio[1] para denunciar la decisión unilateral de la multinacional germano-española SIEMENS-GAMESA de cerrar su planta de producción de palas para la energía eólica de Aoiz (Navarra), relacionándolo con los cierres anunciados de plantas españolas de Nissan y Alcoa. El día antes, SIEMENS-GAMESA había comunicado su decisión de cerrar su fábrica navarra afirmando que se trata de “mejorar su competitividad a largo plazo”, señalando que Aoiz está “a 200 km del puerto más cercano”, y su voluntad de fabricar “aerogeneradores de mayor tamaño y potencia[2]. La multinacional ha comprado recientemente la fábrica portuguesa de la alemana Senvion, en Ria Blades de Vagos, con mayor capacidad de producción e instalada a 13 km de un puerto portugués, según su nota de prensa.

Algunos datos más: SIEMENS-GAMESA fue el resultado de la fusión en 2017 de la multinacional española GAMESA con la división de energía eólica de SIEMENS. Tiene ahora 23.000 trabajadores en el mundo, con presencia industrial y comercial en 90 países. 

Ambas empresas habían concluido, antes de su fusión, acuerdos marco globales con la Federación Sindical Internacional INDUSTRIALL GLOBAL UNION, el 2012 Siemens y el 2015 Gamesa.

En el acuerdo de Gamesa[3], punto III, se dice: ”En caso de reorganización o reestructuración, el Grupo Gamesa se compromete … implicando a la representación social”. Y en el de Siemens[4], punto 2.4. la empresa afirma su compromiso de “mantener una cooperación constructiva … para buscar soluciones con el objetivo de equilibrar nuestros intereses comerciales y el interés de nuestros trabajadores y trabajadoras”.

La disponibilidad de la empresa, ahora anunciada, de negociar un plan de viabilidad para sus plantas de Cuenca y Somozas (en A Coruña), no sé si constituye una garantía o una señal de alarma. Seguramente será sólo la eficaz acción sindical la que puede colocarlo en uno u otro ámbito.

En noviembre de 2019, SIEMENS-GAMESA ha actualizado ambos acuerdos con el sindicalismo global, fusionándolos en un Acuerdo Marco Global[5] en cuya firma Valer Sanches, Secretario General de IndustriALL Global Union, afirmó: “Como prueba del acuerdo, a medida que Siemens Gamesa atraviesa una reestructuración en Europa, esperamos que la compañía lo lleve a cabo de una manera socialmente responsable y se negocie con los respectivos sindicatos”.

Finalmente, el 2 de julio, 2 días después del anuncio del cierre de la fábrica de Aoiz, IndustriALL Global Union, al dar cuenta de su reunión del sector energético, su única referencia a Siemens Gamesa dice “hemos renovado los acuerdos marco de … Siemens Gamesa …”.

Estos son los datos y las tomas públicas de posición de los diferentes agentes, empresariales y sindicales. A ellos hay que añadir la convocatoria de una manifestación en Pamplona para el próximo día 11 de julio en defensa de los 239 puestos de trabajo de la planta de Aoiz.

En sectores industriales distintos, auto, aluminio y energía eólica, se reproduce una misma problemática. Y una misma dificultad para establecer en un marco multinacional los instrumentos sindicales para su planteamiento, así como las reivindicaciones y la acción sindical tanto local como global, coordinada y solidaria, de movilización, de iniciativa, de negociación.

Es evidente que en el caso de SIEMENS-GAMESA se entremezclan interés particulares no idénticos de trabajadores en España, en Alemania, y en Portugal, pero también, hay que suponer, intereses colectivos del conjunto de los 23.000 trabajadores de la multinacional en el mundo, entre ellos cómo abordar la cuestiones de estrategia industrial y de empleo, las formas coordinadas y solidarias para abordarlos, evitando que desde cada rincón se prioricen los intereses corporativos de cada centro de trabajo que siempre resultarán de evidente debilidad frente a los de la multinacional Porque en ésta sí es evidente cuáles son los intereses determinantes y el ámbito de su estrategia y decisión.

¿Existe en este caso una estrategia sindical global frente a la estrategia global de SIEMENS-GAMESA? Lamentablemente resulta difícil dar hoy una respuesta afirmativa cuando aún no consta el planteamiento sindical. Hemos de esperar que pronto podamos trasladar una idea optimista desde IndustriALL Global Union, desde IndustriALL European Trade Union, desde el sindicalismo alemán (de la matriz de la multinacional en definitiva), desde el sindicalismo español y portugués, plasmada en iniciativas sindicales coherentes con los intereses que se pueden y deben expresar y defender.

El primer ámbito en el que hay que plantearse esta problemática sería el español. Puede no estar claro si el problema de Aoiz, de cierre, y los de Cuenca y A Coruña, de supuesta viabilidad, son distintos, o bien es necesario, como pienso, abordarlos conjuntamente desde la perspectiva conjunta del sindicalismo de SIEMENS-GAMESA en el ámbito sectorial español.

Todo ello no deja de constituir una expresión de cómo se desarrolla la acción sindical más allá del centro de trabajo, cómo se establecen y defienden intereses intercentros, nacionales y supranacionales, localmente contradictorios en uno u otro de sus contenidos, a la vez que solidarios en tales ámbitos, cómo se intereses locales no idénticos desde intereses globales comunes. Solamente si se entiende la existencia de estos efectivos intereses laborales colectivos, y la necesidad de la iniciativa sindical en tales ámbitos, tendrá sentido el sindicalismo supranacional. SIEMENS-GAMESA, NISSAN-RENAULT-MITSUBISHI, ALCOLEA, “ya van tres en un mes”, constituyen en estos momentos un reto significativo para el sindicalismo nacional y transnacional.






martes, 30 de junio de 2020

Junio 2020: Covid -19 y la industrial textil mundial. Graves problemas pendientes e iniciativas esperanzadoras.


He dudado si añadir al título una consideración, “pero aún demasiado lentas”. Finalmente he considerado preferible dejar una idea positiva. La pandemia del coronavirus ha hecho ciertamente saltar algunas certitudes y aparentes normalidades, y ha provocado que aflorasen con virulencia problemas históricos que desde nuestra Europa no veíamos o no queríamos ver.

A lo largo de los meses de abril y mayo han empezado a sentirse como más cercanos los problemas de las cadenas de suministros mundiales, es decir de los miles de fábricas, de los millones de trabajadores, que en los sucesivos eslabones de las cadenas de subcontratación posibilitan que las grandes marcas mundiales coloquen sus productos en los mercados del plantea, principalmente en los del “primer mundo” del consumo. La industria del vestido es una expresión de todo ello.

El virus y el confinamiento nos han mostrado la precariedad de estas nuestras formas de vida, así como de las relaciones laborales, comerciales e industriales en que se apoyaba. Los cierres de las personas en sus domicilios y el cierre de comercios hicieron temblar unas estructuras que parecían estables. Bangladesh con sus más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores en la industria de la confección volvió a ser una referencia, pero también Myanmar, India, Camboya, … Imposición de reducciones de precios, impago de pedidos en proceso de producción, cancelación de otros, cierre total o parcial de fábricas, impago de salarios adeudados, despido de sindicalistas, migraciones descoordinadas y en pésimas condiciones, …, fueron notas de esta situación sin que resultara fácil orientar y coordinar la respuesta por parte de los gobiernos como primeros responsables o de las organizaciones sociales, sindicales en primer lugar, como necesarios portavoces de los intereses de los diversos colectivos.


Estos días, en la segunda mitad del mes de junio, diversos medios vuelven a alertar que no solamente no se han resuelto problemas anteriormente planteados sin que se han producido nuevas expresiones de la crisis. Desde una encuesta del Business and Human Rigths Resource Center (https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/garment-workers-are-facing-a-humanitarian-crisis-but-dont-blame-covid-19/?fbclid=IwAR1bV17WLPqZB3Ao5JmehVas6ngetjJek5cfH1fAUE1TffFyDGelwxOP6eQ) que señala que el 40% de las grandes firmas rehusaron comprometerse a pagar los pedidos cursados, o las informaciones del Independent (https://www.independent.co.uk/news/world/asia/hm-garment-workers-factory-india-jobs-a9579856.html?fbclid=IwAR2K1imtmRl7kBHWGpH3RIbVtuQWHaU5lDrWMcw-HtrI6W2rNjE3m7ZiL5A), o del Financial Express (https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/71-of-bgmea-units-havent-paid-workers-for-may-1593276791) entre otros, señalando nuevas cancelaciones de pedidos, cierres de fábricas, …, nuevas manifestaciones de problemas, de agresiones a los derechos fundamentales de las personas, agresiones a los derechos fundamentales del trabajo digno, a las que hay que hacer frente.

Pero hay también noticias esperanzadoras, y sin duda merece la pena subrayarlas, entre otras cosas para que no se olviden, para tirar de ellas.

Por una parte, seguramente es lo esencial, la capacidad de respuesta colectiva de las trabajadoras y trabajadores afectados. Sirvan de referencia estas fotos de concretas movilizaciones de estos días en Bangladesh, India y Camboya incluidas en las crónicas antes mencionadas.

También la reciente reunión constitutiva del Comité Sindical Global de Inditex, el primero, y hasta ahora el único, que integra a los sindicatos de la casa matriz y a los de toda la cadena mundial de suministros (http://www.industriall-union.org/es/el-comite-sindical-global-de-inditex-celebra-su-primer-reunion?fbclid=IwAR3vYqvn5VPiiHiLSGx1ozszc7qWMktc3LoGCoO8RAsRsDDk2H7zM3rxD7o). Ha sido una reunión virtual con participación desde todo el planeta, en la que se han abordado problemas concretos de esta etapa, algunos positivamente resueltos como ha sido en Myan Mode de Myanmar (https://www.facebook.com/IndustriALLGlobalUnion/photos/a.286999574720718/3044737815613533/?type=3&theater) con la readmisión de los sindicalistas despedidos. Otros planteados y de aún abierta negociación, y de los que se anuncia una próxima y detallada información que puede ser un nuevo hito en la interesante historia de esta experiencia sindical.

Y lo que a medio plazo, esperemos, puede resultar decisivo: la iniciativa de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para regular “la debida diligencia en las  cadenas mundiales de suministro” (https://www.ituc-csi.org/towards_mandatory_due_diligence-es?lang=en&fbclid=IwAR2tz200V3GveACfJH9MV1wL0tV2Pvqq2mxAW_PacQOXiQOf-KI7Y_1S3Ho). Supone un planteamiento nuevo para un problema viejo, pero es importante que se plantee como se está haciendo y por parte de quien lo está haciendo, la organización del sindicalismo mundial.

Desde Europa conviene tomar nota además de que el estímulo que significó la ley francesa de debida diligencia (http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0924.pdf), con algunas otras tímidas iniciativas en el mismo sentido, parece haber llevado a un planteamiento concreto por parte del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en el mismo sentido (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603495/EXPO_BRI(2020)603495_EN.pdf).

Se trata ahora de que desde todos los ámbitos de organización social, sindical en particular, seamos capaces de coordinar esfuerzos, orientarlos, abordar la nueva realidad, la proclamada nueva normalidad, aprender de los éxitos y de los fracasos, que de todo habrá, desde la necesaria movilización de voluntades y de la consiguiente negociación de todos y con todos los actores implicados, para avanzar hacia este “otro mundo posible”. 

martes, 16 de junio de 2020

EL SALARIO MÍNIMO EUROPEO, ALGO MÁS QUE UN GUADIANA SINDICAL


Me estoy refiriendo al salario mínimo europeo, no sólo en los diversos países de Europa. Y para ello algunas referencias a propuestas y fechas, sobre todo porque no parece demasiado conocido o de escaso interés para algunos en los ámbitos sindicales. Y lamentablemente ignorado para la gran mayoría.

Hace pocos días, el pasado 3 de junio de este año 2020, la Comisión Europea ha mandado a los interlocutores sociales, sindicales y empresariales, de los diversos países de la Unión una encuesta relativa a u posible “salario mínimo europeo”. Les pregunta cómo lo prefieren: “por una directiva o como recomendación”. Y establece un plazo para la respuesta: hasta el 4 de septiembre de este mismo año.

Abordando retroactivamente la cuestión, cabe señalar que en enero de este mismo año 2020 la Comisión Europea realizó una primera encuesta, dando el plazo de un mes, para que las organizaciones sociales, sindicales y empresariales, de los 28 países de la Unión dieran su opinión sobre el tema. Respondieron 23 organizaciones. Úrsula von der Leyden, la actual Presidenta de la Comisión Europea, lanzó la idea de un “salario mínimo europeo” en julio de 2019 al ser propuesta para el cargo.

Debería tratarse de cumplir el art.4.1. (“Derecho a una remuneración equitativa”) de la Carta Social Europea[1] que en su redacción revisada de 3.5.1996, hace ya 24 años, establece: “… el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decente”.

Justo es señalar que este tema, nada secundario en la defensa de los derechos laborales en Europa, ha estado presente en los debates de la Confederación Europea de Sindicatos. Recuerdo un amplio debate en su Congreso de Sevilla, en 2007, y luego en los de Atenas (2011), París (2015) y Viena (2019). Y en sus Comités Ejecutivos de septiembre y diciembre de 2019 se abordó de nuevo para aplazar la decisión.

El salario mínimo garantizado tiene suficiente significación por sí mismo, por lo que no creo que sea necesario subrayar su importancia trayendo a colación cuestiones relacionadas, como es entre otras el posible interés empresarial en pagar los salarios del país de origen (a pesar del triunfo que supuso la retirada de algunos aspectos más lesivos del proyecto de la directiva Bolkestein, aunque tiene aún otras vías). Por cierto, en Suecia se empezó a entender lo importante del salario en otros países cuando a las obras de su país acudieron empresas de la construcción letonas o lituanas con sus propios trabajadores. Pero no lo asumieron, aún, suficientemente.

Resulta difícil de entender que sobre una cuestión de tal entidad este largo proceso de atención sindical no haya sido capaz de traducirse hasta hoy en ninguna decisión, no ya como política sindical propia, sino ni tan siquiera como respuesta y propuesta claras del sindicalismo europeo a la iniciativa institucional de la Comisión Europea.

Permítaseme unas preguntas impertinentes al respecto: ¿Cuántos sindicalistas conocen estos plazos y planteamientos? ¿y las respuestas de la Confederación Europea de Sindicatos? ¿cuántos han tenido ocasión de opinar al respeto?

De hecho, en relación con el posible “salario mínimo europeo” se repite una y otra vez la oposición esencialmente de los sindicatos nórdicos (en los que no existe un salario mínimo interprofesional establecido por ley). En éstos y en algunos otros de los grandes sindicatos europeos, particularmente de aquellos en los que más elevado es el mínimo conquistado por la legislación o la negociación colectiva, subsiste la afirmación de que se trata de una cuestión “nacional”, lo que podría manifestar un chovinismo de país difícilmente aceptable de los que se afirman europeístas, o expresar el miedo, que en ocasiones se observa en los sectores sociales de vanguardia, de que un mínimo general muy alejado de sus niveles les puede perjudicar, con olvido no sólo del sentido de la solidaridad, sino de lo que es ya una amplia experiencia del movimiento sindical en el sentido de que el aislamiento de las vanguardias acaba debilitándolas.

El sindicalismo europeo sigue sin avanzar en este tema, sin una opinión clara, sin propuesta, sin iniciativa propia. Y ello a pesar de que la discusión se limita aún a considerar la posible regulación de la relación entre los salarios medios y mínimos por país, sin entrar en una cuantificación general, con la idea bastante generalizada, pero no cerrada, de que el mínimo de cada país debería ser del orden del 60% de la retribución media del mismo.

Los actuales salarios de partida son muy dispares, como se expresa en el gráfico que encabeza estas notas, así como en el estudio más detallado de eurostat[2]. No deja de ser elocuente que el salario mínimo más bajo de país en la Unión Europea, el de Bulgaria, era en 2019 de 286 €uros, inferior a los 350 €uros que era el mínimo legal en las zonas industriales de China desde 2018. Y hoy, en 2020, con sus 312 €, sigue estando por debajo de este de China de 2018.

Considero, además, que la discusión no debe limitarse a la relación en cada país entre salario medio y salario mínimo, aunque ésta es de evidente interés. Hay que hablar ya de salario mínimo europeo como garantía de aplicación obligada en todos los países de la Unión Europea.

Si proyectamos a Europa la idea del mínimo como el 60 % del medio, hay que tener en cuenta que en 2019 el salario medio de la UE era de 2.091 €uros (el de España 1.651)[3], aunque otras estadísticas los sitúan algo más altos[4]. Ello apuntaría a un mínimo de 1.251 €que sabemos que hoy es de imposible aplicación inmediata. Una imposibilidad que no debe ser más que un reto para la imaginación y para la propuesta de acción, con objetivos a corto y medio plazo.

Por todo ello me permito señalar lo que podrían ser líneas de reflexión para una propuesta sindical. Señalado el objetivo a medio plazo del “mínimo europeo” igual al 60 % del medio también europeo, creo que hay que concretar a corto plazo una cifra para el mínimo y un proceso para su permanente actualización.

Y ya puestos, apunto algunas cifras: según datos macro el menor salario medio europeo era en 2019, con 7.771 €uros anuales, el de Bulgaria, equivalente a 647,6 € mensuales por 12 pagas. Su 60 % daría 389 €uros de salario mínimo en 2019, lo que, suponiendo que los salarios reales del país hubieran subido en la misma proporción que su salario mínimo legal (312 : 286 = 1,09), daría un salario medio búlgaro en 2020 de 706,5 al mes, cuyo 60 % es 424 € mensuales. Éste aún sería hoy un objetivo sólo para Bulgaria, ya que Rumania está ya en 466 €, pero para 2021 podría hacerse la misma operación con este país europeo: que el mínimo europeo sea el 60 % del medio de Rumanía, … y así año tras año, … O estableciendo para todos los países un incremento de su mínimo legal directamente proporcional a la diferencia entre su salario medio y el medio europeo, todo ello del año anterior por el plazo necesario para su conocimiento estadístico y los correspondientes cálculos. Aunque está por ver, admito que podrían resultar cifras aparentemente difíciles de aplicar, pero no hay que olvidar que los salarios mínimos de país, según las estadísticas antes apuntadas, se aplican a menos del 20 % de las personas que trabajan en unos pocos países, y en la mayoría a menos del 10%.

Creo sin embargo que esta cuestión debe ir más allá, mucho más allá, del juego de las cifras, tanto de las que acabo de mencionar como de otras que surjan del imprescindible y amplio debate sindical. Pero para seguir en este juego un momento más, me permito sugerir que se estudie una aplicación para ello de una parte de los fondos europeos para la reconstrucción apuntados a raíz del Covid-19, por ejemplo para pagar una parte de la diferencia salarial en las empresas que antes de la aplicación del nuevo salario mínimo europeo del año estuvieran abonando salarios inferiores.

Otra posibilidad sería establecer un ingreso mínimo vital europeo cuyo razonamiento y cálculo podría ir en la línea de lo señalado.

Pero volviendo al problema de fondo, las efectivas relaciones laborales, me parece imprescindible abordarlo no sólo en el marco de la legislación europea sino también en el de la necesaria negociación colectiva europea, sin contraponer ambas vías que en muchos casos son además formalmente complementarias en el proceso de elaboración de las Directivas. Y para ello hay que impulsar, desde la propia CES, pero también desde la Federaciones Sindicales Europeas y desde los sindicatos nacionales, la necesaria iniciativa sindical europea al respecto, inexistente aún, pero posible si las instancias sindicales europeas entienden que su responsabilidad va más allá, mucho más allá, de emitir opinión sobre la gestión de la Comisión Europea. 

Para todo ello será necesario que esta cuestión deje de ser el Guadiana, y sólo para algunos, y se convierta en un caudaloso río de flujo constante o creciente, en el que nade o navegue la mayoría de la clase trabajadora europea.






lunes, 8 de junio de 2020

20.000 millones de euros de la Unión Europea para los países emergentes “socios de Europa”


Víctor Garrido
Isidor Boix

Hace pocos días señalábamos el interés de una información de diversos medios de Bangladesh sobre el rescate de un millón de trabajadores de Bangladesh[1] por parte de la Unión Europea, en relación con sus pérdidas de empleo y de retribución como consecuencia del Covid-19.

Señalábamos también cierta sorpresa por la aparente falta de interés: 1) de la UE para dar a conocer tal iniciativa, 2) de los medios de comunicación europeos para hacerse eco de la misma, y 3) del sindicalismo europeo y global para intervenir en la promoción y gestión de lo que tan directamente afectaba a condiciones de vida y de trabajo en ese país, importante proveedor del consumo europeo del vestido.

Buceando en esa información hemos encontrado nuevos datos que acentúan nuestra sorpresa y que consideremos útil aportar y comentar.

Se trata de un ambicioso proyecto de la Unión Europa denominado TEAM EUROPE[2] dotado de 20.000 millones de euros y destinado a “ayudas a países emergentes socios de Europa”, una importante movilización de fondos para la lucha contra la pandemia del Covid-19 “para mitigar la propagación del virus y reducir los efectos indirectos sobre la estabilidad económica y social en los países socios”.

Este proyecto trata de combinar los recursos de desarrollo colectivo de la UE, de sus Estados miembros y sus respectivas instituciones financieras y coordinar los organismos de ejecución, uniendo además esfuerzos con otros grupos de interés y socios multilaterales como: BM, FMI, ADB, y en particular el Banco Europeo de Inversiones, así como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Constituye la contribución europea a la respuesta global de ayudas a los países emergentes que se estima en unos 88.000 millones de dólares norteamericanos (USD)

Entendemos que no se trata de una expresión de altruismo (o no sólo de altruismo), sino del evidente interés europeo en evitar un aumento del caos en los países emergentes y con ello de un mayor desequilibrio mundial, sobre todo en un momento en el que la retirada de capital extranjero en los países emergentes en lo que va de año parece situarse ya en unos 60.000 millones de USD. Pero es también un interés del sindicalismo europeo, de los trabajadores del mundo desarrollado, contribuir a una adecuada utilización de estos fondos como un instrumento más para conseguir un reequilibrio mundial, una globalización de derechos. 

Con ese proyecto la UE ha asignado 334 millones de euros para Bangladesh, con posibilidad de ampliación, en cuyo desglose cabe señalar lo siguiente:

263 millones de euros se destinan a la protección social en el país. De ellos, 113 (93 aportados directamente por la UE y 20 por el Gobierno alemán) directamente a complementar la retribución de los trabajadores de las empresas de exportación a Europa que estén en paro como consecuencia de la pandemia, y otros 150 aportados por la Agencia Francesa de Desarrollo para medidas de protección social más generales.

64,8 millones de euros (UE y gobierno alemán) se destinan a ampliar la intervención de la ONU para las comunidades de acogida en Bangladesh, particularmente de los rohingya en Cox’s Bazar.

.-  5,5 millones de euros (UE, OMS y gobierno de Suecia) para fomentar los sistemas de investigación sanitaria.

 714.383 euros (UE y gobierno alemán) para “las necesidades más urgentes de las personas extremadamente pobres y vulnerables” de Dhaka y zonas rurales del país, incluyendo campañas de concienciación para reducir la propagación del virus.

Llama la atención, insistimos, la escasa o nula atención a estas informaciones por parte de las diversas instituciones europeas, y, particularmente para nosotros, por parte de las instituciones sindicales. Una atención a las fuentes de las diversas aportaciones nacionales y europeas, y una atención más directa a la administración y destino de estas ayudas en los diversos países emergentes “socios de Europa”.

Nuestra sorpresa resulta de la ausencia, o falta de información de la presencia, del sindicalismo organizado, del sindicalismo europeo y global, en la medida que las cuantías y procedencia de los fondos asignados, así como su distribución, están tan directamente relacionados con los más inmediatos intereses y actividades sindicales de este momento en defensa de las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas. Se trata de hecho de la necesidad sindical de intervenir para conseguir la mayor democratización de los sistemas de obtención y de distribución de fondos para objetivos sociales.

Sorprende asimismo la aparente desvinculación de esta iniciativa de otras, como es el reciente Acuerdo “Call for Action”[3], coordinado por la OIT y por el cual la Confederación Sindical Internacional (ITUC-CSI), la Organización Internacional de Empleadores (IOE), la Federación Sindical Internacional de Industria (IndustriALL Global Union), junto con las principales marcas de ropa (Inditex, H&M, C&A, Adidas, Primark, PVH, Tchibo, Ralph Lauren ,…), asumían el compromiso de hacer frente a las graves consecuencias del Covid-19 para la industria, el empleo y los salarios en las cadenas de suministro mundiales de las grandes marcas de la industria del vestido. La imprecisión aún de los compromisos de este Acuerdo exige un desarrollo en el que se establezcan medios y objetivos, precisando las concretas aportaciones de fondos de las multinacionales del sector, así como de los gobiernos, organizaciones empresariales y empresarios de las fábricas productoras, junto con la necesaria definición y aplicación de la gestión de los mismos.

El TEAM EUROPE, con el conjunto de fondos mundiales previstos, debería ser una buena ocasión para establecer formas conjuntas de trabajo con todas las iniciativas en marcha, desarrollando las necesarias formas de participación e intervención social, particularmente sindical. Se trataría en definitiva de avanzar, y no sólo en palabras, en el objetivo que la CSI ha definido como “nuevo contrato social mundial[4].

Covid-19: ¿Crisis de la Globalización? Unas consideraciones en el ámbito de la industria mundial de la moda

Hasta la irrupción de la pandemia yo creía que la Globalización, desarrollada a lo largo de siglos y acentuada a finales del XX e inicios del XXI, era un fenómeno irreversible salvo crisis nuclear y en el que sólo cabía luchar para hacer realidad lo de “otro mundo es posible”, como se proclamaba en el Manifiesto de Portoalegre en los albores de este siglo. Hoy pienso que existe un evidente riesgo de retroceder, aumentando los aislamientos insolidarios, como resultado también de una/s pandemia/s, o epidemias regionales descontroladas, no imposibles vistos los nuevos nacionalismos, así como la irresponsabilidad y locura de algunos líderes mundiales traducidas estos días en la legía, automedicación y chistes malos de los Trump, Bolsonaro y cia.

Para apuntar algunos datos y consideraciones voy a referirme a la industria mundial del vestido, inmersa desde hace décadas en un fuerte proceso de globalización y sobre la que tengo alguna experiencia de actividad sindical. Muy útil sería también examinar otras experiencias, como la de NISSAN en estos momentos y a la que me referido en este blog y en mi muro de Facebook.

Pero antes algunas referencias más de conjunto. A 20 de mayo la cifra de infectados en el mundo por el Covid-19 era ya de 4,9 millones y la de muertes de 329.000. La OIT estima que sobre los 3.300 millones que constituyen la población laboral mundial, la pandemia puede provocar la pérdida de unos 300 millones de empleos. Por su parte la Confederación Sindical Internacional (CSI) considera que de entre los que no pierden el empleo, para unos 2.500 millones sí va a suponer una pérdida parcial, temporal o definitiva, del mismo. Por otra parte, Intermón estima que la población por debajo el umbral de pobreza, entre 700 y 800 millones en 2015, podría aumentar en 500 millones como consecuencia del Covid-19. La OIT considera que, sobre los citados 3.300 millones de trabajadores en el mundo, la economía informal mundial integra a unos 1.600 millones y que los ingresos de los inmersos en ella están disminuyendo en torno a un 60 % (80 % en África).


LA INDUSTRIA DE LA MODA EN EL COVID-19

La pandemia, con los cierres de fábricas y comercios y las medidas de confinamiento que ha provocado, ha supuesto evidentes modificaciones en el consumo inmediato y está por ver cuál será su incidencia en el consumo a medio y largo plazo. Ello ha tenido ya una inevitable e inmediata repercusión en las cadenas mundiales de producción de las grandes y pequeñas empresas, nacionales y multinacionales. Veamos lo que significa en diversos escenarios.

En los primeros compases de la pandemia las grandes multinacionales de la industria de la moda empezaron tomando posiciones, algunas pensaron incluso que les podía beneficiar de forma inmediata. Varias anunciaron a sus proveedores sus decisiones unilaterales: reducción de los compromisos adquiridos tanto en cuantías como en precios. Valgan como ejemplos ARCADIA, multinacional británica, que ya el 10 de abril mandaba una circular a sus proveedores anunciándoles que había decidido reducir los precios de los productos ya acordados en un 30 %, o ASDA (filial de la estadounidense WALMART) que decidió rebajar sus precios a los proveedores en un 50 % en los productos en proceso de fabricación y en un 70 % en los aún no iniciados.

Ante la presión sindical en diversos países proveedores y de IndustriALL Global Union, unas pocas multinacionales (Inditex, H&M, PVH, Target, VF y Kiabi) asumieron públicamente su compromiso de mantener en volumen y precio los pedidos acordados. Otras lo rechazaron expresamente: Bestseller, Primark, Walmart, Tesco, JCPenney, Mark & Spencer, Mothercare, … Lo cierto es que el 7 de abril a las fábricas de Bangladesh se les había cancelado ya pedidos por 3.050 millones de USD (dólares USA). Y siguieron aumentando.

La pandemia y las decisiones de las multinacionales tuvieron una inmediata y preocupante repercusión en los países donde se sitúan sus fábricas proveedoras. Cierre definitivo de algunas fábricas (25 % en Myanmar, 30 % en Camboya, muchas en Bangladesh), paralización inmediata y de futuro inseguro para las demás. También aperturas forzadas de fábricas (a los 10 días en Myanmar, al mes en un mínimo del 50% en Bangladesh) para terminar pedidos pendientes o para hacer frente a nuevas oportunidades.

En Centroamérica informan de la pérdida de 80.000 empleos y una deuda de 1.700 millones de USD en salarios atrasados en las maquilas que trabajan esencialmente para la industria norteamericana, siendo Nicaragua uno de los países más afectados.

Todo ello creó una tremenda confusión. En muchas ocasiones la reapertura de fábricas ha ido acompañada de un llamamiento sólo a una parte de los trabajadores que integraban anteriormente las plantillas, en ocasiones sólo a los que habitaban en la misma zona, con muy escasos medios de transporte público; otras traducido en una clara discriminación antisindical. En general con graves deficiencias sanitarias: en Bangladesh se considera que solamente en el 20% se garantizan unas mínimas garantías de seguridad sanitaria.

Un grave problema ha sido el cobro de los miserables salarios que se pagan en estos países. De los salarios adeudados de marzo, luego de los de abril, así como de las compensaciones previstas en las respectivas legislaciones o arrancadas como concesión en las discusiones con los gobiernos. Algunas referencias al respecto son las previsiones para las fábricas con suspensión temporal de actividad por la pandemia: abono de 49 USD mensuales en Camboya, el 50 % del salario en Sri Lanka o el 65 % en Bangladesh. Pero en la mayoría de países no hay constancia de su cumplimiento, aunque sí de movilizaciones, huelgas, manifestaciones, choques con la policía, detención de dirigentes sociales, … en exigencia de los salarios atrasados o de las indemnizaciones por cierres o despidos, así como por la falta de medidas de seguridad en las reaperturas. Bangladesh, Camboya y Myanmar han sido los países en los que más se ha producido la reacción de los trabajadores ante estas situaciones.

En la India reabrieron entre un 15 y un 30 % de las fábricas cerradas, pero con sólo del 25 al 30 % de las plantillas. Y en 7 Estados han anulado 35 de las 38 normas que establecían ciertos derechos del trabajo.

Se han producido problemas de migraciones en pésimas condiciones entre Tailandia, Myanmar y Camboya, así como en la India entre los diversos Estados.

A finales de abril se han hecho públicas declaraciones conjuntas de algunas de las principales marcas (H&M, INDITEX, ADIDAS, TCHIBO, PVH, …), promovidas por IndustriALL Global Union, para coordinar con la OIT una particular atención a las fábricas de sus cadenas de aprovisionamiento. En relación con sus proveedores de Myanmar, este mismo grupo formalizó a comienzos de mayo otro documento en el mismo sentido con los sindicatos locales. Pero sin más iniciativas hasta ahora para resolver los muchos problemas concretos que se plantean a diario, y sin un balance de cómo se han traducido estos compromisos.

Represión en Bangladesh

No ha sido fácil la respuesta a este conjunto de situaciones, con problemas concretos y no idénticos en cada lugar, expresión a la vez de un problema global. La reacción de los sindicatos locales, de las organizaciones regionales, de los sindicatos globales, ha sido en general de denuncia genérica, pero de muy difícil atención a los conflictos concretos. No se han producido iniciativas para coordinar las respuestas puntuales o para respuestas de conjunto. Para entender esta confusión puede ser de interés el informe de la Confederación Sindical Internacional sobre Asia-Pacífico[1].

Significativo es lo sucedido en la empresa MYAN MODE de Myanmar, de unos 1.200 trabajadores antes de la pandemia, proveedora entre otras de las multinacionales españolas INDITEX y MANGO. En la reapertura de la fábrica, con una menor carga de trabajo, la empresa llamó a la mitad de la plantilla, dejando en la calle a unas 600 personas que eran precisamente las trabajadoras afiliadas al sindicato. En aplicación de los Acuerdos Marco (Global con Inditex, Bilateral con Mango) el Coordinador Sindical de IndustriALL y de CCOO-Industria, en conexión con el sindicato de Myanmar, ha estado discutiendo el tema con las dos multinacionales, logrando que éstas fuercen una negociación en el país y una aproximación de posiciones al asumir la empresa proveedora la readmisión inmediata de los dirigentes sindicales y de un primer grupo de trabajadores y, en función de los nuevos pedidos, de más trabajadores. Se sigue negociando. Resulta también significativo, y muy preocupante, que del seguimiento de los informes de las organizaciones sindicales supranacionales no sea posible aportar otras experiencias similares de los muchos conflictos similares que seguro se están produciendo, tampoco de cómo se aplican los Acuerdos Marco Globales para abordar los problemas que se dan en las cadenas de suministro de las multinacionales que los han suscrito.

Myanmar: Asamblea de trabajadoras despedidas

En algunos países con mayor presencia organizada de los sindicatos (Brasil, Sudáfrica, Túnez y Malasia) se han producido acuerdos sindicales con patronales y/o con empresas concretas para reorientar la producción de numerosas fábricas a la producción de mascarillas, batas y otro material sanitario.


¿RESPUESTA?: INFORMACIÓN y RECOMEDACIONES, con ¡ABSOLUTA AUSENCIA DE INICIATVAS GLOBALES!

Lo señalé ya e insisto, ha habido información (no siempre al día) y recomendaciones (de lo que tiene que hacer los demás), pero con una total falta de iniciativas por parte de instituciones que tienen responsabilidades y representación globales.

Así lo vemos tanto en la ONU (https://www.un.org/es/coronavirus), como en la OIT cuando su Director General señala sus deseos de una “nueva y mejor normalidad” (http://lopezbulla.blogspot.com/2020/05/por-unanueva-y-mejor-normalidad.htmlsin ninguna iniciativa para conseguirlo.

Y en la Organización Mundial del Comercio (OMC), con una crisis expresada por el anuncio de la dimisión de su Director General, el brasileño Roberto Azebedo, un año antes del final de su mandato, “por motivos personales” (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/covid19_s.htm). También en la OMS (https://www.who.int/es), sometida a permanentes chantajes de Trump.

Por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) encuentro como última toma de posición ¡una del 23 de marzo! (https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency). Más reciente es la nota del Banco Mundial (BM) sobre apoyo a peticiones de diversos países. Pero ninguna de las dos instituciones financieras mundiales asume una iniciativa global para hacer frente a la pandemia con propuestas propias. Algo más ha planteado la Unión Europea y el Banco Central Europeo (https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_es).

Pero lo que me parece más importante, y más grave, es la falta de iniciativas de las organizaciones sindicales supranacionales, más allá de sus informaciones y ocasionales denuncias. Ante esta pandemia los sindicatos globales, la Confederación Sindical Internacional (CSI) e IndustriALL Global Union, tienen una particular y directa responsabilidad. Precisamente por su carácter global no pueden limitarse a explicar que pasa por el mundo y a darnos algunas recomendaciones sanitarias, ni limitarse a formales declaraciones de solidaridad con particulares colectivos de trabajadores en uno u otro lugar.

Están en juego intereses comunes, colectivos, solidarios, de la clase trabajadora mundial, en base a los cuales pueden y deben tutelarse los intereses particulares regionales o nacionales. Pero limitarse a divulgar éstos puede incluso fomentar corporativismos insolidarios, como puede estar sucediendo cuando aparecen llamamientos a la relocalización industrial y al proteccionismo comercial, como disputa entre países y sus sindicatos. Las organizaciones sindicales supranacionales tendrían que abordar en el ámbito de la industria del vestido la particular problemática de las cadenas de suministro de las marcas mundiales. Deberían jugar un papel clave, pero hasta ahora son más bien sólo un espectador más o menos lúcido. Es una actitud inaceptable.

La exigencia de organizaciones globales capaces de superar los corporativismos locales, a la vez que tutelarlos, debería surgir de muchas de las estructuras sindicales, nacionales y sectoriales, desde los más diversos confines mundiales. Pero no se oye, seguramente porque no es fácil trascender de los intereses inmediatos de cada grupo y entender que la propia defensa de éstos precisa de la protección desde intereses globales eficaces. Entender y asumir su existencia, elaborar sus contenidos, conseguir la conciencia colectiva de su significación, con el protagonismo en todo ello de las organizaciones sociales supranacionales, globales, es una de las premisas de esta “nueva y mejor globalización” que necesitamos. Algunas pocas positivas experiencias indican que es posible.

Para terminar estas notas y este emplazamiento quiero recuperar una idea elemental de mis ya algo lejanos estudios de matemáticas en el bachillerato. Recuerdo la máxima de que para resolver un problema lo primero y esencial es plantearlo adecuadamente. Con estas notas, datos y consideraciones, no pretendo tener la solución, pero sí contribuir al planteamiento adecuado del problema, con confianza todavía en que “otro mundo es posible”, sin miedo a que este otro mundo sea global, convencido de que conseguirlo exige mucho de las personas y, sobre todo, de las organizaciones que expresen intereses colectivos solidarios.