El pasado mes de enero un grupo de personas promotoras
de casi todas las zonas de España nos constituíamos como PLATAFORMA DE APOYO AL
PROGRAMA DE GOBIERNO PROGRESISTA. Entendíamos que la propuesta del programa de
gobierno de ambas formaciones políticas, que ganó la confianza del Congreso,
expresaba los objetivos más ambiciosos posibles en la actual coyuntura, tanto
por la correlación de fuerzas políticas y sociales del momento, como por los
problemas más inmediatos y a medio plazo de la sociedad española, de la mayoría
ciudadana y de las clases populares, así como de la realidad plural de las
Comunidades Autónomas. Consideramos también que era, y es, el mejor antídoto
frente a los planteamientos chovinistas e insolidarios expresados en algunos
ámbitos.
Al poco de constituirse el gobierno de coalición
irrumpió la pandemia del Covid-19, modificando las coordenadas políticas
esenciales. El Gobierno de España fue capaz de asumir las nuevas prioridades y
actuó en un marco absolutamente imprevisto en todos los ámbitos de la vida
colectiva, empezando por el sanitario y aterrizando en el económico y
productivo, con además un necesario esfuerzo de improvisación inimaginable poco
antes. El Gobierno de coalición lo abordó con el “estado de alarma”, con la
compleja coordinación de las medidas de protección de la salud con las
Comunidades Autónomas, con el imprescindible gobierno del día a día de las
realidades sanitarias, económicas y sociales.
Se planteó la defensa inmediata de las condiciones de
vida, de salud, del tejido productivo y del empleo, con múltiples medidas e
iniciativas, algunas aplicadas por primera vez y en muy amplios espacios, como
los ERTEs, los apoyos a los autónomos, el Ingreso Mínimo Vital… La iniciativa
política se proyectó al mismo tiempo hacia el espacio europeo en el que el
Gobierno de España jugó un importante papel en la negociación y el acuerdo para
unos Fondos Europeos que incidirán también en nuestro proceso de recuperación
en estrecha vinculación con los Presupuestos Generales del Estado.
El nuevo gobierno no se limitó a la prioridad de hacer
frente a la pandemia. Desde el principio se adoptaron diversas medidas de
carácter social, unas relacionadas con la nueva coyuntura, otras relevantes en
aplicación de su Acuerdo de Gobierno. Entre ellas destacan:
· Actualización de las pensiones al
incremento del IPC.
· Subida del Salario Mínimo
Interprofesional a 950 euros.
· Eliminación del despido por baja
médica (artículo
52.D del Estatuto de los
Trabajadores)
· Tramitación de impuestos a las
grandes tecnológicas (la tasa Google) y el impuesto sobre
transacciones financieras (tasa Tobin).
· Fin de la venta a pérdidas de los
agricultores.
· Moratoria de 4 años para los
desahucios hipotecarios.
· Ley de violencias sexuales (solo sí
es sí)
· Estrategia Española de Economía
Circular (EEEC)
· Ley de Protección a la Infancia y
la Adolescencia
A estas hay que sumar la reciente puesta en marcha del
Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
Se han impulsado y conseguido acuerdos sociales, en
particular sindicales-empresariales (ERTEs, Teletrabajo, Administraciones
Públicas…) que han reforzado las iniciativas de gobierno, más necesario si cabe
en la actual coyuntura y ante la, a veces, confusa deriva parlamentaria, con
frecuentes frenos políticos desde las derechas del país y sectores del
independentismo catalán. Todo ello sin renunciar a la iniciativa política de
profundizar y actualizar el Estado Autonómico, para el equilibrio, la igualdad
y la solidaridad territorial.
Cabe subrayar la solidez del Gobierno de coalición
tras los meses de pandemia y los ataques de la derecha; y apreciar el valor del
aprendizaje de una práctica de gobierno cohesionada que a la vez respeta las
características plurales propias de un gobierno de coalición. Se trata de una
nueva cultura de gobierno, cuya comprensión es necesario trasladar al conjunto
de la ciudadanía para que no sea vulnerable a la propaganda de quienes
tergiversan las expresiones plurales en la acción de gobierno con fines
desestabilizadores y de pretender provocar la ruptura de la coalición
gubernamental, que está demostrando una notable capacidad de consolidación en
esta difícil situación.
Una gestión de gobierno obligada a improvisar
respuestas ante realidades imprevistas y urgencias sobrevenidas que han puesto
a prueba no sólo la capacidad de las instituciones sino también la de la
ciudadanía. Han aparecido insuficiencias evidentes que demandan nuevas
respuestas de contenido y de plazos, como son, entre otras, las dificultades
administrativas para una implementación rápida y eficaz del Ingreso Mínimo
Vital que atienda las necesidades impostergables de centenares de miles de
ciudadanos.
Ha sido, y está siendo, una intensa gestión de
gobierno orientada a la afirmación y consolidación de las libertades
individuales y colectivas, en la senda de la construcción de nuevos espacios de
libertad para el mayor y mejor ejercicio de los derechos democráticos.
Todo ello enlaza en este inicio del curso académico y
económico con los imprescindibles nuevos Presupuestos Generales del Estado, con
los que gobernar además los aprobados fondos europeos. La elaboración,
presentación y aprobación de los PGE suponen un nuevo reto a la capacidad del
gobierno de coalición y de las organizaciones políticas que lo sustentan para
hacer frente a los desafíos del momento, para sintetizar con coherencia sus
diferentes proyectos estratégicos, para incidir unidos en las urgencias del
momento y con ello suscitar el necesario apoyo mayoritario, no sólo
parlamentario sino también social.
Ante el conflicto planteado en la Comunidad de Madrid
en la acción institucional frente a la pandemia, expresamos nuestra
solidaridad con la ciudadanía de Madrid y nuestro apoyo a los planteamientos
del Gobierno de España frente a la irresponsabilidad e incompetencia del
Gobierno de la CAM que supone una inadmisible agresión a la salud y a la
dignidad de las madrileñas y los madrileños.
Las Plataformas de Apoyo al Programa de Gobierno
Progresista en los diversos ámbitos locales, regionales y autonómicos de
España, asumimos la responsabilidad de dar a los presentes desafíos la adecuada
respuesta que nos haga avanzar en la construcción del futuro. Una
responsabilidad de todos y todas, de cada ciudadano y ciudadana, de todas las
organizaciones de la sociedad civil y de todas las instituciones.
Nos encontramos en circunstancias muy especiales como
consecuencia de las medidas que se han de adoptar para frenar y controlar la
propagación de la pandemia. Somos conscientes de que esta situación limita en
gran medida la posibilidad de actividades públicas presenciales de explicación
y difusión de nuestro apoyo al Programa de Gobierno Progresista y a las
acciones de la coalición de gobierno. Por todo ello, queremos apelar a la
responsabilidad individual de quienes vemos necesario mostrar este apoyo ciudadano
mediante un intenso esfuerzo de difusión capilar de los documentos e
iniciativas impulsadas por las Plataformas de Apoyo del Programa de Gobierno de
Progreso, y de difusión colectiva a través de las diversas formas de acción
ciudadana, política y social.
Las PLATAFORMAS DE APOYO AL PROGRAMA DE GOBIERNO
PROGRESISTA nos planteamos por todo ello, en coordinación con las
organizaciones políticas que sustentan la coalición, el impulso de múltiples
iniciativas para llevar y explicar en todos los rincones de España la acción
del Gobierno Progresista y posibilitar así a los más amplios colectivos
ciudadanos la expresión de su apoyo con las formas de movilización individual y
colectiva que consideren más eficaces en cada lugar y momento.
28 de septiembre de 2020
PLATAFORMA estatal de APOYO AL PROGRAMA DE GOBIERNO
PROGRESISTA de ESPAÑA
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