POR EL ACTIVO APOYO CIUDADANO A LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO PROGRESISTA DE COALICIÓN PSOE-UP

 

El pasado mes de enero un grupo de personas promotoras de casi todas las zonas de España nos constituíamos como PLATAFORMA DE APOYO AL PROGRAMA DE GOBIERNO PROGRESISTA. Entendíamos que la propuesta del programa de gobierno de ambas formaciones políticas, que ganó la confianza del Congreso, expresaba los objetivos más ambiciosos posibles en la actual coyuntura, tanto por la correlación de fuerzas políticas y sociales del momento, como por los problemas más inmediatos y a medio plazo de la sociedad española, de la mayoría ciudadana y de las clases populares, así como de la realidad plural de las Comunidades Autónomas. Consideramos también que era, y es, el mejor antídoto frente a los planteamientos chovinistas e insolidarios expresados en algunos ámbitos.

 

Al poco de constituirse el gobierno de coalición irrumpió la pandemia del Covid-19, modificando las coordenadas políticas esenciales. El Gobierno de España fue capaz de asumir las nuevas prioridades y actuó en un marco absolutamente imprevisto en todos los ámbitos de la vida colectiva, empezando por el sanitario y aterrizando en el económico y productivo, con además un necesario esfuerzo de improvisación inimaginable poco antes. El Gobierno de coalición lo abordó con el “estado de alarma”, con la compleja coordinación de las medidas de protección de la salud con las Comunidades Autónomas, con el imprescindible gobierno del día a día de las realidades sanitarias, económicas y sociales.

 

Se planteó la defensa inmediata de las condiciones de vida, de salud, del tejido productivo y del empleo, con múltiples medidas e iniciativas, algunas aplicadas por primera vez y en muy amplios espacios, como los ERTEs, los apoyos a los autónomos, el Ingreso Mínimo Vital… La iniciativa política se proyectó al mismo tiempo hacia el espacio europeo en el que el Gobierno de España jugó un importante papel en la negociación y el acuerdo para unos Fondos Europeos que incidirán también en nuestro proceso de recuperación en estrecha vinculación con los Presupuestos Generales del Estado.

 

El nuevo gobierno no se limitó a la prioridad de hacer frente a la pandemia. Desde el principio se adoptaron diversas medidas de carácter social, unas relacionadas con la nueva coyuntura, otras relevantes en aplicación de su Acuerdo de Gobierno. Entre ellas destacan:

 

·         Actualización de las pensiones al incremento del IPC.

·         Subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros.

·         Ley de la Eutanasia.

·         Eliminación del despido por baja médica (artículo 52.D del Estatuto        de los Trabajadores) 

·         Tramitación de impuestos a las grandes tecnológicas (la tasa Google) y el impuesto sobre transacciones financieras (tasa Tobin).

·         Fin de la venta a pérdidas de los agricultores.

·         Moratoria de 4 años para los desahucios hipotecarios.

·         Ley de violencias sexuales (solo sí es sí)

·         Ley de Cambio climático

·         El Ingreso Mínimo Vital

·         Estrategia Española de Economía Circular (EEEC)

·         Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia

 

A estas hay que sumar la reciente puesta en marcha del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

 

Se han impulsado y conseguido acuerdos sociales, en particular sindicales-empresariales (ERTEs, Teletrabajo, Administraciones Públicas…) que han reforzado las iniciativas de gobierno, más necesario si cabe en la actual coyuntura y ante la, a veces, confusa deriva parlamentaria, con frecuentes frenos políticos desde las derechas del país y sectores del independentismo catalán. Todo ello sin renunciar a la iniciativa política de profundizar y actualizar el Estado Autonómico, para el equilibrio, la igualdad y la solidaridad territorial. 

Cabe subrayar la solidez del Gobierno de coalición tras los meses de pandemia y los ataques de la derecha; y apreciar el valor del aprendizaje de una práctica de gobierno cohesionada que a la vez respeta las características plurales propias de un gobierno de coalición. Se trata de una nueva cultura de gobierno, cuya comprensión es necesario trasladar al conjunto de la ciudadanía para que no sea vulnerable a la propaganda de quienes tergiversan las expresiones plurales en la acción de gobierno con fines desestabilizadores y de pretender provocar la ruptura de la coalición gubernamental, que está demostrando una notable capacidad de consolidación en esta difícil situación.

Una gestión de gobierno obligada a improvisar respuestas ante realidades imprevistas y urgencias sobrevenidas que han puesto a prueba no sólo la capacidad de las instituciones sino también la de la ciudadanía. Han aparecido insuficiencias evidentes que demandan nuevas respuestas de contenido y de plazos, como son, entre otras, las dificultades administrativas para una implementación rápida y eficaz del Ingreso Mínimo Vital que atienda las necesidades impostergables de centenares de miles de ciudadanos.

 

Ha sido, y está siendo, una intensa gestión de gobierno orientada a la afirmación y consolidación de las libertades individuales y colectivas, en la senda de la construcción de nuevos espacios de libertad para el mayor y mejor ejercicio de los derechos democráticos.

 

Todo ello enlaza en este inicio del curso académico y económico con los imprescindibles nuevos Presupuestos Generales del Estado, con los que gobernar además los aprobados fondos europeos. La elaboración, presentación y aprobación de los PGE suponen un nuevo reto a la capacidad del gobierno de coalición y de las organizaciones políticas que lo sustentan para hacer frente a los desafíos del momento, para sintetizar con coherencia sus diferentes proyectos estratégicos, para incidir unidos en las urgencias del momento y con ello suscitar el necesario apoyo mayoritario, no sólo parlamentario sino también social.

 

Ante el conflicto planteado en la Comunidad de Madrid en la acción institucional frente a la pandemia, expresamos nuestra solidaridad con la ciudadanía de Madrid y nuestro apoyo a los planteamientos del Gobierno de España frente a la irresponsabilidad e incompetencia del Gobierno de la CAM que supone una inadmisible agresión a la salud y a la dignidad de las madrileñas y los madrileños. 

 

Las Plataformas de Apoyo al Programa de Gobierno Progresista en los diversos ámbitos locales, regionales y autonómicos de España, asumimos la responsabilidad de dar a los presentes desafíos la adecuada respuesta que nos haga avanzar en la construcción del futuro. Una responsabilidad de todos y todas, de cada ciudadano y ciudadana, de todas las organizaciones de la sociedad civil y de todas las instituciones.

 

Nos encontramos en circunstancias muy especiales como consecuencia de las medidas que se han de adoptar para frenar y controlar la propagación de la pandemia. Somos conscientes de que esta situación limita en gran medida la posibilidad de actividades públicas presenciales de explicación y difusión de nuestro apoyo al Programa de Gobierno Progresista y a las acciones de la coalición de gobierno. Por todo ello, queremos apelar a la responsabilidad individual de quienes vemos necesario mostrar este apoyo ciudadano mediante un intenso esfuerzo de difusión capilar de los documentos e iniciativas impulsadas por las Plataformas de Apoyo del Programa de Gobierno de Progreso, y de difusión colectiva a través de las diversas formas de acción ciudadana, política y social. 

 

Las PLATAFORMAS DE APOYO AL PROGRAMA DE GOBIERNO PROGRESISTA nos planteamos por todo ello, en coordinación con las organizaciones políticas que sustentan la coalición, el impulso de múltiples iniciativas para llevar y explicar en todos los rincones de España la acción del Gobierno Progresista y posibilitar así a los más amplios colectivos ciudadanos la expresión de su apoyo con las formas de movilización individual y colectiva que consideren más eficaces en cada lugar y momento.

 

 

28 de septiembre de 2020

 

 

PLATAFORMA estatal de APOYO AL PROGRAMA DE GOBIERNO PROGRESISTA de ESPAÑA

 

Reinos de taifas autonómicos o interdependencia y articulación estatal

 

Este título viene a cuento del artículo, en forma de decálogo, publicado el 18 de agosto en La Vanguardia con el título de “Catalunya, un replanteamiento económico global”^[1] por 4 eminentes personalidades de ESADE, ESDI y BSM-UPF. 

En dicho artículo se enumeran diversos principios con los que creo es necesario estar de acuerdo, sobre todo en la medida que apuntan a necesidades de futuro más que a nostalgias del pasado. Pero, y a eso alude el título, a la vez que señalan las necesidades de innovación, de asumir la emergencia estructural del cambio climático, de la significación de las infraestructuras, de la referencia al modelo europeo de bienestar, …, creo que incurren en el mismo error que afirman hay que superar, el de “tener un país aspiracional, pero no un país real”, desde una Catalunya que, como acertadamente señalan, ha intentado avanzar demasiadas veces en base a “planes que nunca han tenido impacto”. 

Entiendo que para que las orientaciones de los 4 articulistas tengan un “impacto” efectivo, tendrán que superar dos importantes carencias. 

Por una parte, creo que hay que situar en el eje de la movilización colectiva el necesario consenso social, político e institucional. Es cierto que, en el tercero de los diez mandamientos de su escrito, señalan como objetivo el “equilibrio social”, y preconizan una “sociedad socialmente equilibrada”. De acuerdo, pero para hacer realidad la fórmula hay que desarrollar la idea, sin miedo a explicar mejor lo que la fórmula supone, a señalar que este “equilibrio” exige, como elemento clave, algo que sí parece que la CEOE y Foment han entendido. Me refiero a la implicación sindical en los proyectos de futuro y en las normas laborales que los presidan, lo que necesariamente supone abrir mesas de negociación que vayan más allá (por parte de todos) de las buenas y tópicas declaraciones de intenciones. 

Por otra parte, considero que no se orientan adecuadamente al objetivo apuntado al presentar una Catalunya concebida más como una unidad aislada en Europa y en el mundo, uno más de posibles reinos de taifas en definitiva. Cualquier “plan” que ignore, como parece que les sucede a los 4 firmantes del mencionado decálogo, la ubicación de Catalunya como parte de España, que ignore donde se sitúan las sedes centrales de muchos de los centros de trabajo de Catalunya, sus mercados, sus filiales y sus proveedores, … y que, tras afirmar la necesidad de utilizar “fondos europeos de recuperación … para una inflexión estratégica”, parezca ignorar que su administración pasa por un proyecto estatal español, con la intervención del gobierno central coordinada con las Comunidades Autónomas, Catalunya una de ellas. Porque las transferidas competencias en política industrial no suponen una distribución automática de los fondos europeos. Y estamos hablando nada menos que de los 140.000 millones de €uros que nos toca de tales fondos, para los que creo de interés no olvidar las recientes consideraciones de Quim González Muntadas^[2]. 

Me parece que se trata de una cuestión importante, que va mucho más allá de las posibles veleidades “independentistas”, que desconozco, de los 4 firmantes. En sentido contrario a la ignorancia del marco estatal, por ellos aparentemente desconocido, apuntan ya algunas voces que empiezan a alzarse en relación con muchas cuestiones, entre ellas ante la dispersión de iniciativas en política sanitaria una vez superado el “estado de alarma” frente al covid-19. 

Es cierto que ante las dificultades de cada momento surgen, aquí y en muchos rincones del planeta, tendencias de primario egoísmo social, de chovinismo y xenofobia, de insolidaridad, cuando, en este nuestro mundo cada vez más interrelacionado, interdependiente, adquiere cada vez más importancia la interrelación entre los intereses de los diversos colectivos en los diferentes ámbitos. Se plantean evidentes tensiones entre las tendencias independentistas y las centralizadoras, muchas de las cuales sólo expresan intentos de adjudicar al método, antes que al contenido, las explicaciones de los fracasos o las dificultades para hacer frente a los retos de pendiente solución. A ello me referí recientemente al abordar otra problemática^[3].  

En todos los ámbitos, para todos los colectivos, existen intereses propios que pueden colisionar en aspectos concretos con los de otros colectivos similares y próximos. La cuestión esencial estriba en saber dilucidar si tales intereses inmediatos son los esenciales o, por el contrario, su satisfacción pasa por asumir la existencia de otros intereses de un ámbito superior que a su vez constituyen tutela y garantía de los más inmediatos, y establecen además mecanismos de equilibrio entre éstos. Intereses de ámbito superior que suponen y estimulan formas de solidaridad que refuerzan y garantizan la eficacia de tales comunes y superiores intereses. 

Hemos aprendido una tal interrelación de intereses, sin ignorar sus concretas contradicciones, en los ámbitos laborales, particularmente sindicales, desde el centro de trabajo hasta las cadenas de suministro mundiales de las macroempresas multinacionales, pasando por los sectores industriales de cada país. En estos ámbitos sindicales, para cuya interrelación utilizamos muchas veces la fórmula de “articulación”, hemos aprendido que para la satisfacción de lo más inmediato resulta prioritario establecer un marco común y solidario de ámbito superior. 

Creo que se trata de una experiencia para no olvidar al reflexionar y promover iniciativas de desarrollo humano en general, económico e industrial en particular, para los que la Catalunya del futuro, con un “replanteamiento económico global” como se titula el artículo que motiva estas notas, debe abordarlo en el marco de los ámbitos español y europeo para que los planes a tal efecto tengan positivo “impacto”.

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^[1] https://www.lavanguardia.com/opinion/20200818/482876297246/economia-modelo-industria-bienestar-investigacion-emprendeduria.html?fbclid=IwAR2kskK7PIWTLJBg0uutBNsObSTE9LwbMNMnMj5bDWLEirPQzUmCZI3Se0s

^[2] https://www.nuevatribuna.es/opinion/quim-gonzalez-muntadas/140000-millones-joderemos-vez-mas/20200812171845178164.html?fbclid=IwAR06GnCQHac55iINiW2W52_dcmjKYAIh4854-GLH218CXQUuFBkn4MlgVvg 

^[3] https://www.nuevatribuna.es/articulo/global/pandemia-covid19-trabajadores-sindicalismo-global-corporativizacion/20200518101121174977.html

 

Una nueva etapa para la GOBERNANZA MUNDIAL a partir de la pandemia del Covid-19: la RECUPERACIÓN INDUSTRIAL MUNDIAL en la industria textil

La pandemia del Covid-19 ha sacudido casi todas las inercias sociales, políticas, económicas, sanitarias, culturales, … De forma más inmediata las de cada uno de los países, con desarrollos desacompasados en el tiempo, con rebrotes y segundas o terceras olas, con crisis institucionales, con dificultades para la aplicación de las medidas que día a día pretenden frenar la propagación del virus. Ha incidido en los programas de gobierno de cada uno de los países del planeta y ha provocado también medidas de las instituciones de gobierno mundiales, con un acuerdo histórico en Europa cuya aplicación, por poco eficiente que sea, empujará de forma importante en un sentido que no está claro que todos sus protagonistas hayan asumido: MÁS EUROPA. Un objetivo cuyo desarrollo y la eficacia de cuyos contenidos dependerán también de la capacidad de las fuerzas progresistas europeas para plantear las propuestas y la movilización social adecuada, para lo cual, por suerte o por desgracia, no tenemos recetas en el catecismo de la política. 

Durante los últimos meses y las últimas semanas se han producido iniciativas (económicas, comerciales, de defensa de la libertad sindical agredida) a las que ya me he referido recientemente y en relación con las cuales Víctor Garrido, de CCO-Industria, ha publicado un interesante informe (https://industria.ccoo.es/e3a8a9a9ca007cebb2cacafc7cd7916b000060.pdf).

 En este contexto me parece de gran interés aportar una nueva experiencia que apunta ya la voluntad expresa de abordar los problemas del futuro. Desde cada país, de conjuntos de países como el mencionado Acuerdo europeo, se plantean medidas de “recuperación”, algunas con la más explícita ambición de contribuir a la necesaria construcción de una “nueva normalidad”, a veces de una “mejor normalidad” desde la conciencia de los cambios que se están produciendo y que no nos deben llevar demasiado a volver la vista hacia atrás, sino a asumir que entramos en una nueva etapa en el mundo y en cada uno de sus rincones, una etapa que exige nuevas recetas, nuevas iniciativas, seguramente nuevos colectivos sociales y políticos.

 En esta abierta perspectiva hacia el futuro me parece de enorme interés el reciente Acuerdo (http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2020/SWITZERLAND/Inditex/declaracion_conjunta_de_industria_de_diseno_textil_s.a._e_industriall_global_union_es.pdf) de INDITEX con el sindicalismo global. Un acuerdo que no sólo pretende hacer frente a la crisis coyuntural que estamos viviendo sino a establecer una pauta para garantizar un futuro de ámbito ya global, es decir que pretende contribuir a la GBERNANZA MUNDIAL. Éste es el aspecto seguramente más importante y en relación con el cual me parece necesario subrayar algunos aspectos. 

Arranca con una nueva y reiterada afirmación de defensa de la libertad sindical, eje esencial para la defensa de los derechos del trabajo. Apunta las necesarias medidas para la protección de la salud y seguridad en el trabajo en las cadenas de suministro, es decir en toda su cadena mundial de subcontrataciones, también de relaciones comerciales e industriales estables que ofrezcan garantías de actividad a medio plazo, así como de los pagos a los proveedores de todos los rincones del planeta. 

Incluye también este acuerdo de Inditex con el sindicalismo global la voluntad de la coordinación de todo ello con los gobiernos y las organizaciones patronales de los países en los que se encuentran las fábricas de estas cadenas de producción para el mercado mundial. Expresa su conciencia de la imprescindible implicación en la construcción de la pretendida estabilidad industria y comercial a los que son también partes efectivamente interesadas y por tanto de necesaria corresponsabilización. 

Esta iniciativa, la primera firma de IndustriALL Global Union con una multinacional (Inditex en este caso, es decir la primera distribuidora de la moda mundial), con un tal proyecto de futuro, pretende complementarse con acuerdos similares con las más importantes marcas y multinacionales del sector en el mundo. Un desarrollo de la iniciativa por otra parte imprescindible para la eficacia del propio acuerdo al que ahora nos estanos refiriendo. 

No me parece un tema menor constatar la firma del documento: no están solamente los directos responsables de la multinacional (Inditex en este caso), del sindicalismo global (IndustriALL Global Union y el Coordinador Sindical global resultado del Comité Sindical Global recién constituido), sino también de los sindicatos de la casa matriz, CCOO y UGT. Un conjunto de responsabilidades imprescindible para la gestión de un acuerdo que ha de constituir un elemento necesario para la gobernanza mundial en la nueva etapa en la que estamos entrando. 

 

IEMENS-GAMESA 2020, otra multinacional que quiere cerrar una fábrica en España. Nuevo reto al sindicalismo, nacional y transnacional

Isidor Boix

“Ya van tres en un mes”, así comienza el comunicado de CCOO-Industria del pasado 1 de julio^[1] para denunciar la decisión unilateral de la multinacional germano-española SIEMENS-GAMESA de cerrar su planta de producción de palas para la energía eólica de Aoiz (Navarra), relacionándolo con los cierres anunciados de plantas españolas de Nissan y Alcoa. El día antes, SIEMENS-GAMESA había comunicado su decisión de cerrar su fábrica navarra afirmando que se trata de “mejorar su competitividad a largo plazo”, señalando que Aoiz está “a 200 km del puerto más cercano”, y su voluntad de fabricar “aerogeneradores de mayor tamaño y potencia”^[2]. La multinacional ha comprado recientemente la fábrica portuguesa de la alemana Senvion, en Ria Blades de Vagos, con mayor capacidad de producción e instalada a 13 km de un puerto portugués, según su nota de prensa.

Algunos datos más: SIEMENS-GAMESA fue el resultado de la fusión en 2017 de la multinacional española GAMESA con la división de energía eólica de SIEMENS. Tiene ahora 23.000 trabajadores en el mundo, con presencia industrial y comercial en 90 países. 

Ambas empresas habían concluido, antes de su fusión, acuerdos marco globales con la Federación Sindical Internacional INDUSTRIALL GLOBAL UNION, el 2012 Siemens y el 2015 Gamesa.

En el acuerdo de Gamesa^[3], punto III, se dice: ”En caso de reorganización o reestructuración, el Grupo Gamesa se compromete … implicando a la representación social”. Y en el de Siemens^[4], punto 2.4. la empresa afirma su compromiso de “mantener una cooperación constructiva … para buscar soluciones con el objetivo de equilibrar nuestros intereses comerciales y el interés de nuestros trabajadores y trabajadoras”.

La disponibilidad de la empresa, ahora anunciada, de negociar un plan de viabilidad para sus plantas de Cuenca y Somozas (en A Coruña), no sé si constituye una garantía o una señal de alarma. Seguramente será sólo la eficaz acción sindical la que puede colocarlo en uno u otro ámbito.

En noviembre de 2019, SIEMENS-GAMESA ha actualizado ambos acuerdos con el sindicalismo global, fusionándolos en un Acuerdo Marco Global^[5] en cuya firma Valer Sanches, Secretario General de IndustriALL Global Union, afirmó: “Como prueba del acuerdo, a medida que Siemens Gamesa atraviesa una reestructuración en Europa, esperamos que la compañía lo lleve a cabo de una manera socialmente responsable y se negocie con los respectivos sindicatos”.

Finalmente, el 2 de julio, 2 días después del anuncio del cierre de la fábrica de Aoiz, IndustriALL Global Union, al dar cuenta de su reunión del sector energético, su única referencia a Siemens Gamesa dice “hemos renovado los acuerdos marco de … Siemens Gamesa …”.

Estos son los datos y las tomas públicas de posición de los diferentes agentes, empresariales y sindicales. A ellos hay que añadir la convocatoria de una manifestación en Pamplona para el próximo día 11 de julio en defensa de los 239 puestos de trabajo de la planta de Aoiz.

En sectores industriales distintos, auto, aluminio y energía eólica, se reproduce una misma problemática. Y una misma dificultad para establecer en un marco multinacional los instrumentos sindicales para su planteamiento, así como las reivindicaciones y la acción sindical tanto local como global, coordinada y solidaria, de movilización, de iniciativa, de negociación.

Es evidente que en el caso de SIEMENS-GAMESA se entremezclan interés particulares no idénticos de trabajadores en España, en Alemania, y en Portugal, pero también, hay que suponer, intereses colectivos del conjunto de los 23.000 trabajadores de la multinacional en el mundo, entre ellos cómo abordar la cuestiones de estrategia industrial y de empleo, las formas coordinadas y solidarias para abordarlos, evitando que desde cada rincón se prioricen los intereses corporativos de cada centro de trabajo que siempre resultarán de evidente debilidad frente a los de la multinacional Porque en ésta sí es evidente cuáles son los intereses determinantes y el ámbito de su estrategia y decisión.

¿Existe en este caso una estrategia sindical global frente a la estrategia global de SIEMENS-GAMESA? Lamentablemente resulta difícil dar hoy una respuesta afirmativa cuando aún no consta el planteamiento sindical. Hemos de esperar que pronto podamos trasladar una idea optimista desde IndustriALL Global Union, desde IndustriALL European Trade Union, desde el sindicalismo alemán (de la matriz de la multinacional en definitiva), desde el sindicalismo español y portugués, plasmada en iniciativas sindicales coherentes con los intereses que se pueden y deben expresar y defender.

El primer ámbito en el que hay que plantearse esta problemática sería el español. Puede no estar claro si el problema de Aoiz, de cierre, y los de Cuenca y A Coruña, de supuesta viabilidad, son distintos, o bien es necesario, como pienso, abordarlos conjuntamente desde la perspectiva conjunta del sindicalismo de SIEMENS-GAMESA en el ámbito sectorial español.

Todo ello no deja de constituir una expresión de cómo se desarrolla la acción sindical más allá del centro de trabajo, cómo se establecen y defienden intereses intercentros, nacionales y supranacionales, localmente contradictorios en uno u otro de sus contenidos, a la vez que solidarios en tales ámbitos, cómo se intereses locales no idénticos desde intereses globales comunes. Solamente si se entiende la existencia de estos efectivos intereses laborales colectivos, y la necesidad de la iniciativa sindical en tales ámbitos, tendrá sentido el sindicalismo supranacional. SIEMENS-GAMESA, NISSAN-RENAULT-MITSUBISHI, ALCOLEA, “ya van tres en un mes”, constituyen en estos momentos un reto significativo para el sindicalismo nacional y transnacional.

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^[1] https://industria.ccoo.es/noticia:513617--Y_ya_van_tres_en_un_mes_Siemens_Gamesa_se_suma_a_las_empresas_que_anuncian_el_desmantelamiento_de_su_actividad_industrial&opc_id=14d9a05d1dad008126cf50f5898eb5a4

^[2] https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/newsroom/2020/01/press-release-senvion-siemens-gamesa-es.pdf

^[3][3] http://www.industriall-union.org/es/gamesa-industriall-global-union-y-las-federaciones-de-industria-de-ugt-y-ccoo-firman-un-acuerdo

^[4] http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/Siemens/ilo_vereinbarung_englisch_11062012_final_20140407.pdf

^[5] http://www.industriall-union.org/es/industriall-renueva-el-acuerdo-global-con-siemens-gamesa

Junio 2020: Covid -19 y la industrial textil mundial. Graves problemas pendientes e iniciativas esperanzadoras.

He dudado si añadir al título una consideración, “pero aún demasiado lentas”. Finalmente he considerado preferible dejar una idea positiva. La pandemia del coronavirus ha hecho ciertamente saltar algunas certitudes y aparentes normalidades, y ha provocado que aflorasen con virulencia problemas históricos que desde nuestra Europa no veíamos o no queríamos ver.

A lo largo de los meses de abril y mayo han empezado a sentirse como más cercanos los problemas de las cadenas de suministros mundiales, es decir de los miles de fábricas, de los millones de trabajadores, que en los sucesivos eslabones de las cadenas de subcontratación posibilitan que las grandes marcas mundiales coloquen sus productos en los mercados del plantea, principalmente en los del “primer mundo” del consumo. La industria del vestido es una expresión de todo ello.

El virus y el confinamiento nos han mostrado la precariedad de estas nuestras formas de vida, así como de las relaciones laborales, comerciales e industriales en que se apoyaba. Los cierres de las personas en sus domicilios y el cierre de comercios hicieron temblar unas estructuras que parecían estables. Bangladesh con sus más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores en la industria de la confección volvió a ser una referencia, pero también Myanmar, India, Camboya, … Imposición de reducciones de precios, impago de pedidos en proceso de producción, cancelación de otros, cierre total o parcial de fábricas, impago de salarios adeudados, despido de sindicalistas, migraciones descoordinadas y en pésimas condiciones, …, fueron notas de esta situación sin que resultara fácil orientar y coordinar la respuesta por parte de los gobiernos como primeros responsables o de las organizaciones sociales, sindicales en primer lugar, como necesarios portavoces de los intereses de los diversos colectivos.

Se plantearon algunas iniciativas, se consiguieron algunos ambiguos compromisos  (http://www.industriall-union.org/es/accion-mundial-para-apoyar-a-la-industria-de-la-confeccion?fbclid=IwAR3wH69H-wX4EKdVgMfHWSgMedn274oR7vOL6xatI8nSdMeTEdbZjj95TWo), de los que no hemos comprobado eficacia concreta, y tímidas iniciativas (http://www.industriall-union.org/es/principios-para-la-accion-respecto-de-la-covid-19-en-la-industria-textil-de-la-confeccion-del). Pero los problemas subsisten.

Estos días, en la segunda mitad del mes de junio, diversos medios vuelven a alertar que no solamente no se han resuelto problemas anteriormente planteados sin que se han producido nuevas expresiones de la crisis. Desde una encuesta del Business and Human Rigths Resource Center (https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/garment-workers-are-facing-a-humanitarian-crisis-but-dont-blame-covid-19/?fbclid=IwAR1bV17WLPqZB3Ao5JmehVas6ngetjJek5cfH1fAUE1TffFyDGelwxOP6eQ) que señala que el 40% de las grandes firmas rehusaron comprometerse a pagar los pedidos cursados, o las informaciones del Independent (https://www.independent.co.uk/news/world/asia/hm-garment-workers-factory-india-jobs-a9579856.html?fbclid=IwAR2K1imtmRl7kBHWGpH3RIbVtuQWHaU5lDrWMcw-HtrI6W2rNjE3m7ZiL5A), o del Financial Express (https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/71-of-bgmea-units-havent-paid-workers-for-may-1593276791) entre otros, señalando nuevas cancelaciones de pedidos, cierres de fábricas, …, nuevas manifestaciones de problemas, de agresiones a los derechos fundamentales de las personas, agresiones a los derechos fundamentales del trabajo digno, a las que hay que hacer frente.

Pero hay también noticias esperanzadoras, y sin duda merece la pena subrayarlas, entre otras cosas para que no se olviden, para tirar de ellas.

Por una parte, seguramente es lo esencial, la capacidad de respuesta colectiva de las trabajadoras y trabajadores afectados. Sirvan de referencia estas fotos de concretas movilizaciones de estos días en Bangladesh, India y Camboya incluidas en las crónicas antes mencionadas.

También la reciente reunión constitutiva del Comité Sindical Global de Inditex, el primero, y hasta ahora el único, que integra a los sindicatos de la casa matriz y a los de toda la cadena mundial de suministros (http://www.industriall-union.org/es/el-comite-sindical-global-de-inditex-celebra-su-primer-reunion?fbclid=IwAR3vYqvn5VPiiHiLSGx1ozszc7qWMktc3LoGCoO8RAsRsDDk2H7zM3rxD7o). Ha sido una reunión virtual con participación desde todo el planeta, en la que se han abordado problemas concretos de esta etapa, algunos positivamente resueltos como ha sido en Myan Mode de Myanmar (https://www.facebook.com/IndustriALLGlobalUnion/photos/a.286999574720718/3044737815613533/?type=3&theater) con la readmisión de los sindicalistas despedidos. Otros planteados y de aún abierta negociación, y de los que se anuncia una próxima y detallada información que puede ser un nuevo hito en la interesante historia de esta experiencia sindical.

Y lo que a medio plazo, esperemos, puede resultar decisivo: la iniciativa de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para regular “la debida diligencia en las  cadenas mundiales de suministro” (https://www.ituc-csi.org/towards_mandatory_due_diligence-es?lang=en&fbclid=IwAR2tz200V3GveACfJH9MV1wL0tV2Pvqq2mxAW_PacQOXiQOf-KI7Y_1S3Ho). Supone un planteamiento nuevo para un problema viejo, pero es importante que se plantee como se está haciendo y por parte de quien lo está haciendo, la organización del sindicalismo mundial.

Desde Europa conviene tomar nota además de que el estímulo que significó la ley francesa de debida diligencia (http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0924.pdf), con algunas otras tímidas iniciativas en el mismo sentido, parece haber llevado a un planteamiento concreto por parte del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en el mismo sentido (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603495/EXPO_BRI(2020)603495_EN.pdf).

Se trata ahora de que desde todos los ámbitos de organización social, sindical en particular, seamos capaces de coordinar esfuerzos, orientarlos, abordar la nueva realidad, la proclamada nueva normalidad, aprender de los éxitos y de los fracasos, que de todo habrá, desde la necesaria movilización de voluntades y de la consiguiente negociación de todos y con todos los actores implicados, para avanzar hacia este “otro mundo posible”. 

EL SALARIO MÍNIMO EUROPEO, ALGO MÁS QUE UN GUADIANA SINDICAL

Me estoy refiriendo al salario mínimo europeo, no sólo en los diversos países de Europa. Y para ello algunas referencias a propuestas y fechas, sobre todo porque no parece demasiado conocido o de escaso interés para algunos en los ámbitos sindicales. Y lamentablemente ignorado para la gran mayoría.

Hace pocos días, el pasado 3 de junio de este año 2020, la Comisión Europea ha mandado a los interlocutores sociales, sindicales y empresariales, de los diversos países de la Unión una encuesta relativa a u posible “salario mínimo europeo”. Les pregunta cómo lo prefieren: “por una directiva o como recomendación”. Y establece un plazo para la respuesta: hasta el 4 de septiembre de este mismo año.

Abordando retroactivamente la cuestión, cabe señalar que en enero de este mismo año 2020 la Comisión Europea realizó una primera encuesta, dando el plazo de un mes, para que las organizaciones sociales, sindicales y empresariales, de los 28 países de la Unión dieran su opinión sobre el tema. Respondieron 23 organizaciones. Úrsula von der Leyden, la actual Presidenta de la Comisión Europea, lanzó la idea de un “salario mínimo europeo” en julio de 2019 al ser propuesta para el cargo.

Debería tratarse de cumplir el art.4.1. (“Derecho a una remuneración equitativa”) de la Carta Social Europea^[1] que en su redacción revisada de 3.5.1996, hace ya 24 años, establece: “… el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decente”.

Justo es señalar que este tema, nada secundario en la defensa de los derechos laborales en Europa, ha estado presente en los debates de la Confederación Europea de Sindicatos. Recuerdo un amplio debate en su Congreso de Sevilla, en 2007, y luego en los de Atenas (2011), París (2015) y Viena (2019). Y en sus Comités Ejecutivos de septiembre y diciembre de 2019 se abordó de nuevo para aplazar la decisión.

El salario mínimo garantizado tiene suficiente significación por sí mismo, por lo que no creo que sea necesario subrayar su importancia trayendo a colación cuestiones relacionadas, como es entre otras el posible interés empresarial en pagar los salarios del país de origen (a pesar del triunfo que supuso la retirada de algunos aspectos más lesivos del proyecto de la directiva Bolkestein, aunque tiene aún otras vías). Por cierto, en Suecia se empezó a entender lo importante del salario en otros países cuando a las obras de su país acudieron empresas de la construcción letonas o lituanas con sus propios trabajadores. Pero no lo asumieron, aún, suficientemente.

Resulta difícil de entender que sobre una cuestión de tal entidad este largo proceso de atención sindical no haya sido capaz de traducirse hasta hoy en ninguna decisión, no ya como política sindical propia, sino ni tan siquiera como respuesta y propuesta claras del sindicalismo europeo a la iniciativa institucional de la Comisión Europea.

Permítaseme unas preguntas impertinentes al respecto: ¿Cuántos sindicalistas conocen estos plazos y planteamientos? ¿y las respuestas de la Confederación Europea de Sindicatos? ¿cuántos han tenido ocasión de opinar al respeto?

De hecho, en relación con el posible “salario mínimo europeo” se repite una y otra vez la oposición esencialmente de los sindicatos nórdicos (en los que no existe un salario mínimo interprofesional establecido por ley). En éstos y en algunos otros de los grandes sindicatos europeos, particularmente de aquellos en los que más elevado es el mínimo conquistado por la legislación o la negociación colectiva, subsiste la afirmación de que se trata de una cuestión “nacional”, lo que podría manifestar un chovinismo de país difícilmente aceptable de los que se afirman europeístas, o expresar el miedo, que en ocasiones se observa en los sectores sociales de vanguardia, de que un mínimo general muy alejado de sus niveles les puede perjudicar, con olvido no sólo del sentido de la solidaridad, sino de lo que es ya una amplia experiencia del movimiento sindical en el sentido de que el aislamiento de las vanguardias acaba debilitándolas.

El sindicalismo europeo sigue sin avanzar en este tema, sin una opinión clara, sin propuesta, sin iniciativa propia. Y ello a pesar de que la discusión se limita aún a considerar la posible regulación de la relación entre los salarios medios y mínimos por país, sin entrar en una cuantificación general, con la idea bastante generalizada, pero no cerrada, de que el mínimo de cada país debería ser del orden del 60% de la retribución media del mismo.

Los actuales salarios de partida son muy dispares, como se expresa en el gráfico que encabeza estas notas, así como en el estudio más detallado de eurostat^[2]. No deja de ser elocuente que el salario mínimo más bajo de país en la Unión Europea, el de Bulgaria, era en 2019 de 286 €uros, inferior a los 350 €uros que era el mínimo legal en las zonas industriales de China desde 2018. Y hoy, en 2020, con sus 312 €, sigue estando por debajo de este de China de 2018.

Considero, además, que la discusión no debe limitarse a la relación en cada país entre salario medio y salario mínimo, aunque ésta es de evidente interés. Hay que hablar ya de salario mínimo europeo como garantía de aplicación obligada en todos los países de la Unión Europea.

Si proyectamos a Europa la idea del mínimo como el 60 % del medio, hay que tener en cuenta que en 2019 el salario medio de la UE era de 2.091 €uros (el de España 1.651)^[3], aunque otras estadísticas los sitúan algo más altos^[4]. Ello apuntaría a un mínimo de 1.251 €, que sabemos que hoy es de imposible aplicación inmediata. Una imposibilidad que no debe ser más que un reto para la imaginación y para la propuesta de acción, con objetivos a corto y medio plazo.

Por todo ello me permito señalar lo que podrían ser líneas de reflexión para una propuesta sindical. Señalado el objetivo a medio plazo del “mínimo europeo” igual al 60 % del medio también europeo, creo que hay que concretar a corto plazo una cifra para el mínimo y un proceso para su permanente actualización.

Y ya puestos, apunto algunas cifras: según datos macro el menor salario medio europeo era en 2019, con 7.771 €uros anuales, el de Bulgaria, equivalente a 647,6 € mensuales por 12 pagas. Su 60 % daría 389 €uros de salario mínimo en 2019, lo que, suponiendo que los salarios reales del país hubieran subido en la misma proporción que su salario mínimo legal (312 : 286 = 1,09), daría un salario medio búlgaro en 2020 de 706,5 al mes, cuyo 60 % es 424 € mensuales. Éste aún sería hoy un objetivo sólo para Bulgaria, ya que Rumania está ya en 466 €, pero para 2021 podría hacerse la misma operación con este país europeo: que el mínimo europeo sea el 60 % del medio de Rumanía, … y así año tras año, … O estableciendo para todos los países un incremento de su mínimo legal directamente proporcional a la diferencia entre su salario medio y el medio europeo, todo ello del año anterior por el plazo necesario para su conocimiento estadístico y los correspondientes cálculos. Aunque está por ver, admito que podrían resultar cifras aparentemente difíciles de aplicar, pero no hay que olvidar que los salarios mínimos de país, según las estadísticas antes apuntadas, se aplican a menos del 20 % de las personas que trabajan en unos pocos países, y en la mayoría a menos del 10%.

Creo sin embargo que esta cuestión debe ir más allá, mucho más allá, del juego de las cifras, tanto de las que acabo de mencionar como de otras que surjan del imprescindible y amplio debate sindical. Pero para seguir en este juego un momento más, me permito sugerir que se estudie una aplicación para ello de una parte de los fondos europeos para la reconstrucción apuntados a raíz del Covid-19, por ejemplo para pagar una parte de la diferencia salarial en las empresas que antes de la aplicación del nuevo salario mínimo europeo del año estuvieran abonando salarios inferiores.

Otra posibilidad sería establecer un ingreso mínimo vital europeo cuyo razonamiento y cálculo podría ir en la línea de lo señalado.

Pero volviendo al problema de fondo, las efectivas relaciones laborales, me parece imprescindible abordarlo no sólo en el marco de la legislación europea sino también en el de la necesaria negociación colectiva europea, sin contraponer ambas vías que en muchos casos son además formalmente complementarias en el proceso de elaboración de las Directivas. Y para ello hay que impulsar, desde la propia CES, pero también desde la Federaciones Sindicales Europeas y desde los sindicatos nacionales, la necesaria iniciativa sindical europea al respecto, inexistente aún, pero posible si las instancias sindicales europeas entienden que su responsabilidad va más allá, mucho más allá, de emitir opinión sobre la gestión de la Comisión Europea. 

Para todo ello será necesario que esta cuestión deje de ser el Guadiana, y sólo para algunos, y se convierta en un caudaloso río de flujo constante o creciente, en el que nade o navegue la mayoría de la clase trabajadora europea.

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^[1] https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047e013

^[2]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics/es#Salarios_m.C3.ADnimos_expresados_en_est.C3.A1ndares_de_poder_adquisitivo_.28EPA.29

^[3] https://www.observatoriorh.com/orh-posts/la-diferencia-entre-el-salario-medio-espanol-y-el-de-la-ue-vuelve-a-ampliarse-por-segundo-ano-consecutivo.html#:~:text=El%20salario%20medio%20ordinario%20bruto,20%2C7%25%20m%C3%A1s%20baja.

^[4] https://datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/salario-medio